Los “refugiados ambientales”.

27. feb., 2015

Angelina Uzín Olleros. 

Introducción

Al tomar como punto de partida el derecho fundamental a una vida digna, en la que esa dignidad se pone en juego en condiciones históricas, sociales y culturales; a los clásicos derechos a la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, se suman en la actualidad los derechos ambientales cada vez con más fuerza.

Los condicionamientos económicos limitan ostensiblemente a las políticas democráticas que se fundan en los derechos humanos, ya que la concentración de capital y la injusta distribución de la riqueza, hacen imposible que esos derechos se cumplan de manera igualitaria. Aparecen nuevos problemas y resulta complejo lograr una mirada totalizadora de los mismos.

La concepción antropológica del sujeto moderno considerado un sujeto de derecho, cuyo garante principal es la educación, nos desafía a los docentes y a los intelectuales para encontrar espacios alternativos y elaborar estrategias que promuevan debates y encuentros en medio de los conflictos locales y las realidades puntuales de cada caso.

Para organizar la presentación del tema que me convoca, esto es la relación entre los resultados del proceso de industrialización y los derechos humanos, he decidido puntualizar algunas cuestiones que muestran tanto las adhesiones como los rechazos para resolver o intentar resolver la controversia entre desarrollo, biodiversidad y problemas ambientales. Teniendo en cuenta que la historia de los derechos humanos en América Latina es la historia de su violación.

Naciones Unidas ha informado que el mayor número de desplazados ya no se produce por los conflictos armados, el 60% de los movimientos migratorios están causados por el cambio climático y los desastres de origen natural, como sequías e inundaciones. La ONU estima que dentro de muy pocos años habrá por lo menos 50 millones de refugiados en el mundo, pero no huyendo de la violencia o condiciones de extrema pobreza, sino por el deterioro del medio ambiente, y que a finales de siglo ya serán 150 millones los desplazados por razones ecológicas.

Otros organismos internacionales pronostican que serán hasta 400 millones las personas que entrarán en esta nueva categoría de “exiliados del clima” o “refugiados climáticos” a fin del siglo XXI.

En esta tragedia numérica, un millón de ellos corresponderán a personas arrancadas de sus raíces sólo en las tierras de los archipiélagos del océano Pacífico, habitantes de pequeños estados-isla que no solamente perderán su asiento físico y cultural de forma irreversible sino además su soberanía nacional.

Por estos motivos, porque los padecimientos y las urgencias son de todos los seres humanos como parte de su existencia, entiendo que este diálogo que estamos dispuestos a entablar entre filosofía y ciencias sociales, nos sitúa como ciudadanos del mundo, esto es, como seres humanos que pueden mirar más lejos de la propia frontera de un país, para ver que los problemas tienen una raíz histórica que arrastra dilemas entre el progreso moral y el progreso científico - tecnológico de los pueblos.

Debate patriotismo-cosmopolitismo

A partir de la frase que empleó Diógenes soy ciudadano del mundo, Martha Nussbaum argumenta que pensar como ciudadano del mundo es una forma de apartarse del patriotismo cómodo para considerar nuestros estilos de vida desde el punto de vista de la justicia. Para ello debemos reconocer a la humanidad donde se encuentre y concederle a su totalidad la razón y la capacidad moral expresándole nuestra lealtad y respeto.

La filósofa recalca el valor de la postura del cosmopolita porque reconoce en las personas aquello que les es fundamental: sus aspiraciones a la justicia y su capacidad de razonamiento. Sin embargo para ser ciudadano del mundo no se tiene por qué renunciar a las identificaciones locales siempre que promuevan  pensar en nosotros mismos como seres rodeados por una serie de círculos concéntricos alrededor de los cuales se encuentra el mayor de todos que es el de la humanidad; así la tarea del cosmopolita será atraer estos círculos hacia el centro para que toda la humanidad nos sea tan familiar como nuestros compatriotas. Es así como se haría de la ciudadanía mundial el núcleo de la educación cívica y moral.

Esta concepción cosmopolita entra en tensión con una postura contraria denominada “patriotismo”; el término patriotismo proviene del griego “patriotes”y quiere decir perteneciente a la tierra del padre, en general se traduce como el sentimiento que tiene un ser humano por la tierra natal o adoptiva a la que se siente ligado por unos determinados valores, cultura, historia y tradiciones.  El patriotismo no necesita de una forma de gobierno para manifestarse, razón por la cual el sentimiento patrio se hace presente antes de la existencia de ordenamientos o regímenes jurídicos, políticos, económicos y administrativos de un territorio y perdura si éstos llegasen a desaparecer. Esta permanencia en el tiempo e independencia de cualquier forma de poder, hacen del patriotismo un valor superior para los habitantes de un territorio, al cual recurren cuando existen crisis internas de ingobernabilidad o de ocupación territorial por parte de otra nación. Ejercer y preservar la soberanía y unidad territorial, honrar a los héroes y próceres, son considerados universalmente como valores patrios.

Un ciudadano del mundo o cosmopolita es alguien que desea trascender la división geopolítica que es inherente a las ciudadanías de los diferentes paìses soberanos o estados nacionales. Al negarse a aceptar la identidad patriótica dictada por los gobiernos locales, los cosmopolitas afirman su independencia como ciudadanos del cosmos. Los primeros en identificarse a sí mismos como ciudadanos del mundo fueron los filósofos estoicos quienes acuñaron el término de “cosmópolis” o ciudad universal de la que se deriva la palabra cosmopolita.  Hay quienes utilizan en la actualidad el término “cosmopolitismo” de manera indistinta con el de “globalización” o “mundialización”, pero mientras el primero tiene una raíz política el segundo se acuña en la economía.

“En realidad, la pregunta ‘¿hacia dónde debería encaminarse la globalización?’ está más que respondida,  incluso en los manuales escolares. Y la respuesta, dos siglos tras la muerte de Kant, puede resumirse en  una frase: hacia el ideal de una ciudadanía cosmopolita, hacia un mundo en que todas las personas se sepan y sientan tratadas como ciudadanas. Para llegar a él es preciso reformar las instituciones internacionales, crear otras nuevas y asegurar comunidades transnacionales que se unan mediante  acuerdos. Pero ante todo es indispensable -recordando a Kant- educar en el cosmopolitismo. En efecto, en sus lecciones de Pedagogía, que prolongan la línea de La paz perpetua, decía Kant que la  educación es el problema mayor y más difícil al que los hombres se enfrentan. Es el mayor porque ‘sólo  por la educación el hombre puede llegar a ser hombre. No es sino lo que la educación le hace ser‘. Es  el más difícil porque importa averiguar si hemos de educar a los jóvenes de acuerdo con la situación  presente, o de acuerdo con un futuro mejor, ya en germen, pero todavía no realizado. Ese futuro sería  el de una ciudadanía cosmopolita, presente en el corazón de todo hombre, que es necesario cultivar.  ¿Cuáles serían los ejes de esa propuesta educativa, que deberían articular las reformas, los libros de  texto, los proyectos docentes y las innumerables reuniones en los centros escolares?. Tres serían centrales: el ‘conocimiento, la transmisión de habilidades y conocimientos para perseguir metas; la ‘prudencia’ necesaria para llevar adelante una vida de calidad, si no una vida  feliz; y la ‘sabiduría moral‘, en el pleno sentido de la palabra, que cuenta con dos lados esenciales, justicia y solidaridad“(Cortina, Adela. Educar para una ciudadanía cosmopolita. Página 2). 

Si la humanidad es, entonces, una conquista espiritual, la educación resulta indispensable como proyecto emancipador y como instancia crítica a la cultura heredada.

Estatuto de los derechos humanos en la actualidad

Nuevas situaciones relativas a la esfera del trabajo, a la cuestión de género, a las instituciones, a la salud (incluida la salud ambiental), a los desafíos de corte generacional, a la violencia real y simbólica de los nuevos escenarios socio - culturales, por citar sólo algunas; nos llevan a plantear la necesidad de re-escribir los contenidos, los propósitos y las acciones a partir de los espacios curriculares de las cátedras de filosofía y ciencias sociales, superando la separación con las de ciencias naturales como espacios teóricos incomunicables entre sí.

Resulta necesaria la inclusión de la temática de políticas sociales que acompañen el abordaje de los derechos humanos, pensando en la praxis necesaria que resuelva la dicotomía teoría-práctica que, a pesar de los continuos intentos por considerarlas como ámbitos vinculados, en el cotidiano devenir vemos cómo se separan, se escinden y se desconocen entre ellos. Por un lado la teoría expresada en los libros de texto y el discurso, por el otro la práctica que no resuelve el conflicto y resulta insuficiente para una verdadera convivencia democrática.

Juan Pablo Terra define a las políticas sociales como un conjunto sistemático de acciones que tienen por finalidad dirigir el producto del esfuerzo social hacia la satisfacción de las necesidades de la gente. También afirma que no es esto lo que hace la economía porque sólo retribuye según el aporte de cada uno y por lo tanto queda mucha gente con necesidades insatisfechas y que no están en condiciones de recibir retribución: los niños, los adolescentes y jóvenes, las mujeres que realizan la tarea de reproducción, los viejos, los enfermos, etc. De allí la responsabilidad del Estado en instrumentar "políticas redistributivas" que se conocen como políticas sociales.

En este punto debemos retomar la tríada que sostiene toda praxis política que intenta sostener y defender los derechos humanos, a saber, la distinción entre el acceso, la permanencia y la no-afectación de los derechos.

Las propuestas neoliberales han sostenido la defensa de los derechos adquiridos por un grupo privilegiado, es la política de la seguridad, ya que aquellos que gozan de derechos económicos, civiles y políticos sólo pretenden ser protegidos por el Estado. Pero ¿qué ocurre con aquellos que no gozan de los derechos básicos, fundamentales, para llevar una vida digna?. Una política de acceso a los derechos es en gran medida lo que denominamos una política social, ya que no es el individuo que pide ser protegido en los derechos conseguidos, sino el grupo social que clama por justicia. En cuanto a la permanencia, los datos nos muestran cómo ha crecido el margen de los marginados que han perdido los derechos que alguna vez tuvieron o que nunca alcanzaron, y cómo esos sujetos marginales no pueden acceder en la actualidad a un derecho que ya no se tiene o se desearía tener.

La responsabilidad de ocupar un espacio de reflexión, de información y de emancipación en las instituciones educativas; es un desafío que nos pone a prueba día a día. No se trata de transmitir un saber, sino de interpelar críticamente la realidad social en la que vivimos para proponer un cambio institucional y social, poder disponer de argumentos suficientes y conocer la realidad cívica de alguien dispuesto a exigir sus derechos y no ya lamentarse o pedir limosna.

Como afirma Leticia Olguín: “...la enseñanza de los derechos humanos en el área de la educación formal no significa la incorporación de un contenido más al currículum, por el contrario es entender que el proceso educativo es un proceso ideológico que tiñe los contenidos de todas las materias. No se trata solamente de la búsqueda de una metodología sino de la formación de nuevas actitudes individuales y colectivas que preparen al sujeto para la participación democrática concreta en el ámbito social“(En Educación y derechos humanos: una discusión interdisciplinaria. Página 8).

Nuevos espacios disciplinares como el de la bioética y categorías más actuales como las de “biopoder” y “biopolítica“, nos advierten de las intervenciones sobre el cuerpo, el impacto sobre el ambiente que lo rodea y las nefastas consecuencias que se traducen en enfermedades, padecimientos y contaminaciones de los espacios urbanos y rurales.

Siguiendo el análisis de  Jürgen Habermas: “La biología no nos puede dispensar de consideraciones morales. Y la bioética no nos debería llevar a extravíos biológicos”. Es decir, lo normativo no proviene de la genética sino de acuerdos, valoraciones y legalizaciones provenientes del mundo simbólico y por lo tanto toda intervención sobre el futuro biológico de la especie debe ser evaluado desde el sujeto como legislador -en acto-.

Pero a esta altura de las circunstancias, el énfasis está puesto en detener la contaminación ambiental más que en evitarla o prevenirla. El siglo XX ha ofrecido sobradas muestras del daño ambiental provocado por la revolución industrial, las guerras y los hábitos de consumo.

El dispositivo sancionador del derecho ambiental positivo castiga las conductas que ocasionan el denominado “daño ambiental” en su doble aspecto de “daño social” y “daño particular”, pero sus objetivos deben seguir siendo prioritariamente preventivos, ya que la coacción posterior resulta ineficaz para el fin de preservar el medio ambiente pues el daño ya se produjo.

Ecología y modelo económico capitalista

Actualmente el planteo sobre las cuestiones ambientales, el cambio climático, la deforestación, la contaminación del aire y del agua, está presente en los medios de comunicación de modo recurrente, haciendo hincapié en la responsabilidad del “ser humano” en estas cuestiones. “El hombre” contamina, cada uno de nosotros afecta la biodiversidad desde los hábitos y las prácticas cotidianas. Este planteo resulta de una notable ingenuidad, ya que la responsabilidad ambiental de las empresas multinacionales y la instalación de la “industria sucia” en los países del tercer mundo es notoria y de fácil comprobación.

El sociólogo Emir Sader reflexiona al respecto: “Como ocurre con todas las entidades filantrópicas, la Fundación Gates dedica anualmente por lo menos el 5 % de sus ganancias a donaciones para beneficiarse de las exenciones fiscales. Esta donación subvenciona principalmente acciones de saneamiento, proyectos de mejoras en la educación pública de los Estados Unidos y programas de ayuda social en la región del noroeste del Pacífico.

El 95% restante es invertido buscando rentabilidad sin reparar en las consecuencias ambientales y sociales implícitas en esa búsqueda de ganancias. La Fundación es accionista de numerosas empresas que no respetan los derechos ambientales, discriminan, violan los derechos de los trabajadores o están comprometidas en denuncias por corrupción. Las ramas caritativa y financiera de la empresa, están totalmente escindidas, una no tiene nada que ver con la otra.

La Fundación da con una mano, pero retira con las innumerables manos que tiene extendidas en el mundo entero. Dona dinero, supuestamente, para un mundo mejor, mientras que el 95% de sus recursos multiplican las nefastas condiciones ecológicas y sociales del mundo, ayudando a su deterioro“ (Sader, Emir. Un héroe del capitalismo).

La denominada política del medio ambiente se define como política de protección de la naturaleza, sin tener en cuenta que la naturaleza que tenemos hoy no es un producto de ella misma, que no es la naturaleza la que se autodetermina, sino que es la intervención de los modelos de producción y explotación de los recursos naturales que han llevado a cabo las empresas y los capitales transnacionales en su propio beneficio y en detrimento del equilibrio ecológico del planeta.

Los desechos tóxicos que se arrojan al agua, los gases que se elevan en la atmósfera, la tala indiscriminada de los bosques, nos traen aquellas imágenes mitológicas del castigo de los dioses a Prometeo por haberles robado el fuego, ya que en nombre del progreso se han cometido crímenes ambientales y crímenes de lesa humanidad durante siglos.

A modo de ejemplo, el caso de la instalación de pasteras en el río Uruguay, bien vale el comentario de Adolfo Colombres a la novela de Alfredo Varela El río oscuro para ilustrar este punto:

“Si, el río es oscuro y fluye, burlándose de las cartografías que pretenden sujetarlo a un cauce y también de lo que llamamos realidad o conciencia de la realidad. Además de sueños y camalotes, arrastra cadáveres y seres miserables a punto de convertirse en tales, como ese personaje que, montado sin saberlo en una frágil jangadilla, delira en medio de ese otro gran delirio sin regreso. No hay quizás un espacio más propicio para los excesos de la imaginación, pero el río, que mucho da, se ocupa igualmente de cobrar su tributo tanto a sus desventurados hijos como a los perseguidores que se aventuran por sus aguas” (Colombres, Adolfo. Los hombres y el río. Página 8).

El delirio del progreso que navega por los numerosos ríos de la geografía latinoamericana, los ríos del Amazonas, los ríos que sirven de frontera en los países del sur, que ofician de testigos y testimonio de las huellas del progreso impuesto por el colonizador, en todos sus rostros.

El rostro del inquisidor, el rostro del patrón, el rostro del terrateniente, el rostro del dictador...

El escenario ambiental y sus actores

A propósito del conflicto por la instalación de la pastera de Botnia S.A. en la orilla del río Uruguay, se renuevan argumentos que defienden la libertad de invertir y de generar emprendimientos económicos en los que conviven afirmaciones propias de la era industrial. Caso semejante es el de la pastera Aracruz Celulose en Brasil, cuyos protagonistas de la parte afectada difieren en clases o grupos sociales (clase media en Argentina, poblaciones indígenas en Brasil).

Desde esas afirmaciones, acerca de la poca o nula intervención del estado en esos emprendimientos, se sostiene que el actual conflicto es entre Botnia y Entre Ríos.

Muchas categorías como las de “soberanía” y “estado nación“, vienen a mi mente en la preocupación por pensar críticamente los límites entre la realidad y la ficción, si es que estos conceptos son parte del imaginario social, ilusiones vanas de ciudadanos devenidos en consumidores, simulacros de las corporaciones que sostienen campañas electoralistas bajo el barniz de la política o conciencias alienadas al enfoque utilitarista de la jerga empresarial.

Los discursos que enuncian los funcionarios uruguayos sobre el respeto que se ofrece en su país a las empresas para que libremente desarrollen sus emprendimientos; bastante análogo o similar al planteo “neoliberal” de los ‘90 en Argentina bajo la desconfianza en el estado y el traslado de lo público a lo privado, esto es, el proceso de privatización. En el núcleo duro de estos planteamientos surgen las inquietudes que presento a continuación.

¿Qué posibilidad de controlar los efectos ambientales contaminantes de una industria como la de la celulosa tiene un país?, ¿qué libertad estamos defendiendo, desde lo político, cuando el río Uruguay que sirve de frontera a dos países, de probada fragilidad como ecosistema, se encuentra en riesgo a partir de la descarga de sustancias altamente contaminantes?, ¿cómo se comprende en la actualidad la autodeterminación de un pueblo, el derecho a la resistencia civil, la posibilidad de reclamo materializado en leyes que deben cumplirse?.

Para responder a estas interrogaciones hay que recurrir a la historia, al derrotero que ha tenido el concepto de “progreso”, a la forma en que llegó la modernidad a América del sur, al forzamiento por intentar encajar en la “historia universal” una historia singular como la de estos países latinoamericanos a los que llegó tardía y defectuosamente la organización jurídico normativa de los estados nacionales, los efectos de la revolución industrial y el capitalismo, hoy globalizado.

Esta particular periodicidad histórica, nos encuentra en el presente en un debate propio del siglo XIX para los europeos. Se entremezclan discursos desarrollistas, nociones de orden y progreso propias del positivismo comtiano, bajo la promesa de ingresar efectivamente al primer mundo en el caso argentino, y de industrializarse originando nuevas fuentes de trabajo en el caso uruguayo.

En este “realismo mágico” de creer que estamos ante la oportunidad de ser Europa en América, la lógica se repite con nuevos personajes y otros materiales. Desde la conquista y colonización, hubo quienes se preguntaron si América fue feudal o capitalista desde un comienzo, sin tener en cuenta que los períodos históricos han sido definidos por los pensadores europeos según su propio molde etnocéntrico. Siguiendo el análisis de Walter Rodney, si Europa no hubiese subdesarrollado a América y a África, no hubiese podido disponer de los medios de pago en oro y plata, ni de las materias primas necesarias para el proceso industrial.

Hoy, la instalación de la industria sucia en esta parte del planeta nos ubica nuevamente en ese lugar de desventaja con relación a los denominados “países centrales” o “desarrollados”, según el orden del discurso que intente dar cuenta de lo que acontece.

La complejidad de los fenómenos sociales y las subjetividades que aparecen y se configuran a su alrededor, motivan a los filósofos y a los científicos sociales a inventar o resignificar palabras clave para interpretar lo real o lo ficcional. ¿De qué estamos hablando?, ¿cuál es el motivo de la pelea?, ¿quiénes son los enemigos?, ¿cuál es el verdadero origen de la contienda?

Estamos en la “modernidad líquida”; la “sociedad transparente”; “el pensamiento débil”; “la fractura, fragmentación, inconsistencia” de una época; la “ausencia de certezas”. Sin embargo podemos advertir no sólo certezas, sino dogmas; no sólo debilidades sino fortalezas; no sólo realidades evaporadas sino sólidas convicciones a la hora de invertir el capital, localizar los emprendimientos, pagar los intereses de las deudas.

Lo político se confunde con lo económico, lo económico define lo político. Bajo otras máscaras, el teatro que monta la escena ambiental, trae motivos novedosos para llevar adelante el espectáculo. Como ejemplo basta con mirar las poblaciones de indígenas americanos que sobreviven en la pobreza extrema, quienes hoy son presentados como “refugiados ambientales”. Es de este modo que el discurso, el imaginario, el montaje ambiental reemplaza los planteos basados en categorías de opresión, exclusión, marginalidad, explotación.

Las “estrellas” del rock internacional cantaron para eliminar el hambre y hoy cantan para salvar el planeta. Otra escena, otro escenario, otro simulacro.

“Detrás del color blanco de una hoja de papel se ocultan oscuras historias de degradación ambiental y despojo social”, así comienza el informe publicado por el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, y continúa diciendo “La materia prima barata -extraída a un costo social y ambiental enorme- se traslada a la fábrica para su procesamiento. Este proceso determina la contaminación del agua y del aire, lo que a su vez afecta la salud y la calidad de vida de las comunidades que viven en los alrededores de la fábrica” (Movimiento mundial por los bosques tropicales. Fábricas de celulosa. Página 9).

Concluye afirmando que los consumidores desconocen esta historia, ya que viven muy lejos de los lugares de donde se obtiene la madera y donde se producen la celulosa y el papel.

A riesgo de ser demasiado extenso mi planteo, creo que debemos retomar la afirmación de Habermas al decir que la denominada postmodernidad es una “contrailustración“, porque de la modernidad sólo se declama el fin de su proyecto político, el del ciudadano como sujeto de derecho; pero sigue cada vez más vigente su proyecto económico capitalista. Al separarse definitivamente esos dos proyectos (uno emancipador y otro instrumental), las empresas contaminantes realizan pequeñas donaciones para proteger el medio ambiente que arruinan y degradan.

Los expertos y los aficionados podemos pensar políticamente, rescatando inclusive el denominado “sentido común” que ha dejado de ser común, o nunca lo fue del todo. Pero así como la filosofía necesita dialogar con las ciencias sociales, los expertos deben dialogar con el ciudadano, con el consumidor, con los espectadores. Resulta necesario establecer un diálogo político.

Refugiados ambientales y refugiados políticos

Todo proceso educativo es en definitiva un proceso ideológico, la “representación” histórica de nuestro territorio nacional y continental está sesgada por la ideología dominante. El relato de los comienzos de la verdadera historia ha sido presentado durante décadas como la descripción de las culturas de los egipcios, los fenicios y los caldeos. Otras culturas olvidadas en los contenidos conceptuales de las cátedras, como los mayas, los aztecas y los incas, han quedado en los márgenes de los no tan viejos planes de cátedra.

El 12 de octubre hasta hace poco (y todavía en algunos establecimientos escolares) es presentado como el día de la raza, esto es, el día en que la raza blanca se apodera de un espacio geográfico y simbólico desde la “superioridad” de su civilización. Procedimiento reforzado en el siglo XIX por el surgimiento de las ciencias humanas bajo la mirada etnocéntrica de los observadores europeos de estas culturas primitivas del tercer mundo.

Los indígenas, habitantes originarios de las tierras de América, han sido desde la conquista “refugiados ambientales”, despojados a la fuerza de su propia cultura y de sus creencias, explotados en trabajos forzados en plantaciones, minas de cobre y plata, padecieron enfermedades para las que su ecosistema no había creado anticuerpos, simplemente porque no los necesitaba.

Pero al mismo tiempo los pueblos originarios fueron despojados de sus religiones, cosmogonías, tradiciones, en medio de un debate acerca de su humanidad. La que fuera negada por Sepúlveda y luego “adjudicada” por la bula papal Sublimis Deus en 1537 dictada por Pablo III. Hasta la propuesta de Francisco de Vittoria acerca de una legislación que fuese superadora de las Leyes de Indias en lo que denominó “derecho de gentes” poniendo bajo sospecha el poder eclesiástico por sobre toda estructura jurídica, los indígenas fueron “refugiados políticos” en su propio territorio, experimentando un exilio sin necesidad de escapar de su patria, siendo parias al interior de ella.

Estos sujetos, que no han sido considerados sujetos de derecho y por lo tanto han quedado fuera del “contrato social”, lejos del “estado de bienestar“, sin posibilidad de constituirse como ciudadanos de ninguna polis; han participado en los procesos industriales de la región en su peor parte: la de los “sin parte en el reparto” (Jacques Rançière), las de los trabajos mal pagos, las de los estafados y vulnerados.

Existe, por lo tanto, una relación muy estrecha entre “exclusión“ y “control represivo“, que acompañó todo proceso industrial e intento de desarrollo industrial y económico, dejando como resultado desigualdad y por ende injusticia en la conformación social de Latinoamérica.

“En América Latina -donde no se han desarrollado experiencias de Estado Social como las europeas y donde, en el mejor de los casos, sólo pueden encontrarse Estados de Compromiso-, la crisis de las políticas distribucionistas y desarrollistas es expresión del agotamiento del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) y coincide con la crisis del Estado Social en los países capitalistas centrales. Adicionalmente, y como componente importante, se expanden formas militarizadas de hacer política que presionan con intensidad variada sobre el sistema político, que también soporta la presión de las grandes empresas transnacionales, expresión de la formidable expansión creciente de la transnacionalización de las relaciones económicas. Las Fuerzas Armadas de la región se constituyen en los "aprendices de brujos" más calificados y más siniestros de la "teoría" de la ingobernabilidad por exceso de democracia. Las dictaduras institucionales y doctrinarias de aquéllas -a diferencia del antiguo patrón de la dictadura autocrática y personal de algún jefe o caudillo militar (Ubico, Somoza, Trujillo, Batista, Pérez Jiménez)- se suceden tras sendos golpes militares en Uruguay (1973), Chile (1973), Argentina (1976), Bolivia (1971 y 1980)...

Esos casos constituyen parte de la historia de hiperconcentración de fuerza represiva para "reducir la complejidad" de los problemas de ingobernabilidad de sistemas políticos más o menos democráticos. Se suman a situaciones previas y largamente persistentes en Paraguay (1954) y Brasil (1964). La peculiar dictadura brasileña -con su formato representativo, que mantiene el funcionamiento del sistema de partidos políticos y Parlamento, aun cuando con fuertes recortes- es también una dictadura institucional de las Fuerzas Armadas, fundada en los principios de la doctrina de la seguridad nacional y fuertemente orientada a clausurar el populismo” (Ansaldi, W. Gobernabilidad democrática y desigualdad social. Página 6).

Las dictaduras no fueron “hechos aislados” en la historia de América Latina, dieron nuevas formas a los acontecimientos de perseguir, eliminar, hacer desaparecer los sujetos peligrosos, menos que humanos, que fueron sus puntos a atacar en los objetivos de sus aparatos represores. Los “subversivos” que luego fueron presentados como “combatientes de izquierda” a la hora de indultar, en el caso argentino, a los de uno y otro bando.

Todo refugiado es en definitiva un refugiado político, la historia de la colonización como antecedente lejano en el tiempo y cercano en las experiencias de las dictaduras militares en América Latina, señala una genealogía del racismo, de la xenofobia, en la que el extranjero no viene del afuera sino del interior de la sociedad civil, de la cultura interna, de la propia región.

Extraños en el mismo lugar de origen, los indios, los pobres, los marginados, los desocupados, los cabecitas negras, han habitado un “no lugar” en su propio país.

Presentar esos espacios marginales ya se trate de villas, favelas, asentamientos, como producto del cambio climático es simplificar a grado extremo las razones de la exclusión, de la negación del otro como ser humano.

¿A quién le resulta funcional esta denominación?, sin duda atendiendo a la materialidad del discurso, le sirve al que ostenta el poder, que no es un poder ambiental sino un poder político, para quien estos refugiados ambientales se “corren” del lugar por causas tales como el calentamiento global, la crisis energética, la disminución de recursos naturales.

La solución a este nuevo tipo de exclusión es planificar un programa de “vigilancia ambiental” a los emprendimientos como el que tomé de ejemplo, la instalación de la industria de celulosa en la región. Vigilancia que se presenta ante la opinión pública como la gran solución en términos de política ambiental ligada a la política de derechos humanos, pero que es en definitiva un enmascaramiento de la historia de saqueo y explotación que comenzó en 1492.

Hacia una política de la memoria

El tiempo presente posibilita al pensamiento filosófico y también lo condiciona; las problemáticas de este momento histórico nos marcan un camino para interrogar la época y al mismo tiempo interrogarnos como sujetos políticos.

Pero lo que se considera tiempo presente puede ser pensado como descendiente directo de su pasado, como consecuencia de lo pasado, como surgimiento azaroso de lo que acontece hoy en la inmediatez del instante.

La memoria, sin una política de la memoria, no resulta efectiva para el cambio crítico de un estado de situación.

Alain Badiou aporta el siguiente juicio al respecto: “Pienso que la promoción de las masacres y de las víctimas como únicos contenidos interesantes de la historia está ligada a un proceso de despolitización. Analizar todas las situaciones exclusivamente a través de las categorías morales lleva a la impotencia política. Por otra parte, no pienso que la memoria sea una buena categoría si uno desea la no repetición de los desastres, porque esa no repetición supone un juicio racionalmente constituido sobre lo que pasó. Una memoria emotiva fundada en el horror y sus imágenes es, en realidad, ambivalente. Distinguir entre lo que compete a la emoción de repulsión y a la emoción de fascinación es muy difícil. Sí, desconfío de la memoria. Tanto de la memoria de las atrocidades coloniales o del estalinismo como de la memoria del nazismo. La inteligencia política e histórica debe reemplazar universalmente a la dudosa memoria, presa señalada de las propagandas” (Badiou, Alain. El intelectual de izquierda desaparecerá. Página 37).

Insistir en una memoria cinematográfica de los condenados de la tierra, hoy denominados refugiados ambientales, es situarnos una vez más en la platea del espectador juicioso, imparcial, ingenuo, que aprovecha desde el oportunismo coyuntural la noción de derechos humanos y derechos ambientales para lograr un lugar, un sitio en la cámara de senadores o en el plantel de funcionarios de turno.

Hay que pensar actuando, despojados de la fragilidad de conceptos nuevos que guardan viejas injusticias.

Pensar filosóficamente significa pensar políticamente -por ejemplo- las patologías de consumo, las adicciones, las cuestiones de género, las prácticas de encierro, las prohibiciones, los hábitos institucionalizados, las libertades públicas. ¿Qué significa pensar filosóficamente estas cuestiones?, ¿qué consecuencias políticas tiene ese pensamiento?, ¿qué condiciones de la filosofía (y de la pedagogía) han limitado la visión política de las costumbres y de las relaciones humanas?

Una primera observación que aparece al afirmar que no pensamos políticamente, tanto en términos de las consecuencias del pensamiento en general como del filosófico en particular, es la de vivir lo patológico, lo prohibido, lo acostumbrado, como tragedias personales; no hay conjuntos de problemas, ni pertenencia del individuo al conjunto social que le ofrece un sentido a su padecer. Lo que padece, es lo que adolece el sujeto cuando se autocomprende como un individuo aislado en su penoso existir. Los individuos se agrupan por padecimientos. Padecimientos que aparecen, insisto, como tragedias personales.

Los familiares de víctimas de accidentes de tránsito, los que sufren ataques de pánico, los que consumen psicofármacos, los travestis; son algunas muestras de grupos que no pueden salir de su autopercepción emotiva y se limitan a describir su dolor sin comprender políticamente la situación del conjunto.

Dos soluciones aparecen al menos: ¿Cosmopolitas o globalizados?, he aquí la cuestión. ¿Cuál de estas opciones pueden aceptar los pueblos indígenas?.

En una “Carta abierta a la población y a las autoridades brasileñas”, la Comisión de Caciques y Líderes Tupinikim y guaraní afirma:

“Iniciamos hoy (24/07/2007) un conjunto de acciones pacíficas con el objetivo de retomar la posesión de las 11.009 hectáreas de tierras que nos pertenecen y que ya fueron plenamente identificadas por la FUNAI (Fundación Nacional Indígena) como tierras tradicionalmente ocupadas por nosotros, Tupinikim y Guaraní.

Inicialmente pretendemos detener el corte de eucaliptos y retirar de la zona a las personas no indígenas que se encuentran ilegalmente dentro de nuestras tierras. Luego organizaremos días de trabajo colectivos para reconstruir algunas de nuestras aldeas (Olho d’Agua, Macacos y Areal), destruidas por Aracruz Celulosa cuando invadió nuestras tierras. Construiremos nuestras casas y plantaremos cultivos alimenticios y árboles nativos para recuperar y reforestar nuestras tierras.

Con la suspensión del corte de eucaliptos y la retirada de las personas no indígenas pretendemos proteger las plantaciones de eucaliptos de manera que puedan ser utilizadas como pago del reembolso adeudado a Aracruz Celulose por las “mejoras” existentes en nuestras 11.009 hectáreas. La paralización del corte se aplicará también a nosotros, pueblos indígenas, como una prueba más de nuestro deseo de cooperar ofreciendo una solución rápida y pacífica al problema.

No obstante, queremos reafirmar que nuestras acciones son el resultado de la demora del gobierno federal para solucionar un diferendo que ya dura casi 40 años. Siempre cumplimos con nuestros compromisos con el gobierno, pero no siempre el gobierno cumplió con los suyos. Vale recordar que el ex Ministro de Justicia Márcio Thomas Bastos, durante una audiencia pública en la Asamblea Legislativa de Espírito Santo, en febrero de 2006, prometió regularizar nuestras tierras para fines de 2006. Sin embargo, en enero de 2007, poco antes de apartarse del Ministerio, devolvió de manera irregular los archivos de la regularización de tierras a la FUNAI, a pesar de que tenía en su poder todos los elementos necesarios para firmar los decretos de delimitación de nuestras tierras. Recientemente, 7 meses después, los archivos retornaron al Ministerio de Justicia. ¿Cuánto más tiempo será necesario para firmar los decretos de delimitación y demás medidas necesarias?  

Por último, queremos dejar en claro que nuestra lucha apunta a recuperar nuestras tierras y no desistiremos de este derecho. De persistir la negligencia y demora del gobierno federal, intensificaremos nuestras acciones para consolidar la posesión de las tierras de nuestros ancestros y de nuestros hijos y nietos, lo cual incluye el reinicio del corte de eucaliptos por parte de las comunidades indígenas”. 24 de julio de 2007, Comisión de Caciques y Líderes Tupinikim y Guaraní. (Publicado en el Boletín electrónico del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales. Número 120. Julio 2007. www.wmr.org.uy).

Dos realidades a modo de ejemplo y de testimonio de lo que significa la instalación de la industria de celulosa en países como Brasil y Argentina, dos reclamos bien diferenciados de poblaciones distintas, con intereses diversos; pero que ambos confluyen en un reclamo justo, por el medioambiente y por la tierra. ¿Cómo podemos compatibilizar estas luchas y encauzar la solución a estos conflictos en la región?

En principio, intentar al menos una alternativa, salir de la tragedia ambiental y tomar este acontecimiento como una oportunidad para abrir el diálogo político. Dejar de inventar categorías de análisis para superar otras categorías de análisis que consideramos antiguas, precarias, anacrónicas.

Hay muchos ríos que separan la teoría de la práctica, y están contaminados de tantos conceptos nuevos, como esos raros peinados de los ‘80.

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